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Ya desde 2016 comenzaron en la Argentina las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad aun las que estaban en trámite en 2015.Se soslayan los pasos administrativos que permitan a las personas damnificadas presentar su defensa, mientras que Macri afirmaba al inicio de su mandato y ahora reafirma que “se entregaron a cualquiera” en el marco de una supuesta “corrupción”, cuando hasta el día de hoy no pudo comprobarse ningún ilícito.

La puesta en duda del gobierno nacional del usufructo de pensiones por invalidez, bajo el argumento de que existen en demasía y ocasionan gastos innecesarios, sin mediar un estudio previo de cada caso que determine fehacientemente el grado de discapacidad que impida o no la inserción laboral, se vino acompañando de una fuerte campaña de la corporación mediática apuntando todo su esfuerzo en demostrar "la corrupción" del gobierno anterior en su otorgamiento.

Sin hallar ni buscar pruebas de supuestos ilícitos, ni permitir a los damnificados que defiendan el derecho adquirido, se consolida el objetivo -en cumplimiento con las exigencias del FMI- de reducir la cantidad de pensiones, habiéndoles ya eliminado el acceso a la atención médica, mientras salta a la luz que lo que menos importa es la gente que sufre problemas de salud irremediables.

El "gasto" ratificado por el Poder Legislativo

El diputado nacional Martín Losteau,en el tratamiento del presupuesto de 2019, dijo ante sus pares que la Argentina es el país que más gasta en la adjudicación de este beneficio, efectuando comparaciones mentirosas con Uruguay y la comunidad europea. Para este señor es mucho 1.150.000 pensiones por invalidez y "sobran 800 mil", todo muy relativo si hablamos de más de 40 millones de habitantes que residen en suelo argentino.

Pero ¿acaso recortando estos beneficios sería la panacea para ampliar la recaudación del Estado, administrado además por manos inescrupulosas? Es demasiado para cualquier oído sensible que las personas vulnerables por su enfermedad son "un gasto", de acuerdo con las palabras del diputado que sintoniza con un neoliberalismo siempre "salvaje".

Las crueles mentiras de Losteau

Uruguay, con un total de 3.386.000 habitantes, no tiene -como mintió Losteau- 20 mil pensiones por invalidez. Este país dispone de un informe actualizado del ámbito de la Seguridad Social de donde surge que las pensiones llegan a 62.400, agregándose 63 mil jubilaciones, 4911 subsidios para inserción social, otros 26522 para rehabilitación y apoyo económico a 150 instituciones abocadas a la atención de la discapacidad.

Estos datos documentados, cotejados con la Argentina, sirven para probar la escasa cobertura que el macrismo impuso a los discapacitados, limitada a las pensiones recortadas, y sin los diversos subsidios que está recibiendo la población uruguaya con invalidez y las entidades que se ocupan del tratamiento correspondiente.

Asimismo, si nos referimos a los montos de los beneficios de hoy en la Argentina, contrastados con la comunidad europea y Estados Unidos, son los más bajos y no solo de Europa sino del resto de las naciones del mundo.

Las limitaciones con Menem y de la Rúa

Las limitaciones con Menem y de la Rúa

La pensión por invalidez, durante el gobierno de ambos mandatarios, se otorgaba a quienes reunían una incapacidad laboral del 76%, y dejaba afuera a la gente con un porcentaje menor y en situación de pobreza, aunque no fuesen recibidos por el mercado laboral.

Por otra parte, toda persona con el 76% de discapacidad, accedía al beneficio si se producía una baja previa, habiendo un cupo fijado por el Decreto 432/97. Es decir, se deba un alta siempre que hubiese una baja previa. En crudo, la muerte de una persona beneficiaba a otra.

Mejoras con los gobiernos Kirchner-Fernández 

Ambos gobiernos sacaron el cupo y tomaron la decisión política -a través del Programa Incluir Salud- de proporcionar junto con la pensión no contributiva por invalidez laboral la asistencia médica de la que siempre carecieron. Fueron los primeros Jefes de Estado que cumplieron con la Ley 2901, al brindar un ingreso económico más cobertura integral en salud, medicación y educación, entre otras.

Fue así como de 78.977 pensiones que había en diciembre de 2002, se llegó a fines de 2015 a 1.065.241. Pero, lamentablemente, esta inclusión no fue transformada en norma escrita. Y de esto se agarra el macrismo para destruir todo el andamiaje a favor de los discapacitados, tomando solo en cuenta el Decreto 432/97.

Macri se niega a cumplir con las normativas internacionales y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, luego de haber asumido el compromiso de respetarlas. Aunque, por supuesto el engaño y la traición a los principios -que no sean los impuestos por el FMI- ya son una costumbre cotidiana de los funcionarios actuales.

La realidad que Macri invisibiliza

Según el censo 2010 las personas con discapacidad eran 5.114.190 (12,9% de la población total). La encuesta del INDEC de 2018 señala que los discapacitados son 3.571.983, de los cuales solo reciben pensión 1.150.000, y a estas cifras habría que añadir a los niños de 0 a 5 años y de 6 en adelante con enfermedades invalidantes, más el índice de pobreza del 30%, lo que sumaría más de otro millón de personas con discapacidad en situación de pobreza.

El gobierno de CFK supo responder con criterio a las necesidades de los discapacitados, ya que salta a la vista -según las cifras de 2010- que entregó pensiones con contributivas en justa relación con la gente que las requería y que conformaba el núcleo que no contaba con jubilación por invalidez con aportes previsionales. Fue una medida inclusiva, justificada, no fue ningún privilegio sino una actitud de respeto a la dignidad humana.  

En tanto, el FORO PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, integrado por ASAC – AIEPEsA – Comisión de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires – ATAECADIS – CAIDIS – CEMARID – Federación Converger – FENDIM – HODIF – Obra Don Orione – CASAIE- pese a su presentación ante el Ejecutivo y reiteradas movilizaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social y en la Plaza de Mayo, es ignorado por el macrismo.

Es estigmatizado, como si sus integrantes fuesen perturbadores para la sociedad en su conjunto, y únicamente por reclamar que los organismos responsables no eliminen las pensiones y devuelvan la asistencia médica a quienes, reuniendo el mayor grado de vulnerabilidad, están faltos de protección social, obligados a hundirse en la miseria.

Las crueles mentiras de Losteau

Uruguay, con un total de 3.386.000 habitantes no tiene -como mintió Losteau- 20 mil pensionados por invalidez. Este país dispone de un informe actualizado del ámbito de la Seguridad Social de donde surge que las pensiones llegan a 62.400, agregándose 63 mil jubilaciones, 4911 subsidios para inserción social, otros 26.522 para rehabilitación y apoyo económico a 150 instituciones abocadas a la atención de la discapacidad.

Estos datos documentados, cotejados con la Argentina, sirven para probar la escasa cobertura que el macrismo impuso para los discapacitados, limitada a las pensiones, sin los diversos subsidios que está recibiendo la población uruguaya con invalidez y las instituciones que se ocupan del tratamiento correspondiente.

Asimismo, si hablamos de los montos de los beneficios de hoy en la Argentina, contrastados con la comunidad europea y EE. UU, son los más bajos y no solo de los países de Europa sino del resto de las naciones del mundo.

El “gasto” ratificado por mayoría del Poder Legislativo

El diputado nacional Martin Losteau, en el tratamiento del presupuesto de 2019, dijo ante sus pares que la Argentina era el país que más gasta en la adjudicación de este beneficio, efectuando comparaciones mentirosas con Uruguay y la comunidad europea. Para este señor es mucho 1.150.000 pensiones por invalidez, y “sobran 800 mil”, todo muy relativo si hablamos de más de 40 millones de habitantes que residen en suelo argentino.

Pero ¿acaso recortando estos beneficios sería la panacea para ampliar la   recaudación del Estado, administrado además por manos inescrupulosas? Es demasiado para cualquier oído sensible que las personas vulnerables por su enfermedad son “un gasto”, de acuerdo con las palabras del diputado que sintoniza con el neoliberalismo siempre “salvaje”.

Las crueles mentiras de Losteau

Uruguay, con un total de 3.386.000 habitantes no tiene -como mintió Losteau- 20 mil pensionados por invalidez. Este país dispone de un informe actualizado del ámbito de la Seguridad Social de donde surge que las pensiones llegan a 62.400, agregándose 63 mil jubilaciones, 4911 subsidios para inserción social, otros 26.522 para rehabilitación y apoyo económico a 150 instituciones abocadas a la atención de la discapacidad.

Estos datos documentados, cotejados con la Argentina, sirven para probar la escasa cobertura que el macrismo impuso para los discapacitados, limitada a las pensiones, sin los diversos subsidios que está recibiendo la población uruguaya con invalidez y las instituciones que se ocupan del tratamiento correspondiente.

Asimismo, si hablamos de los montos de los beneficios de hoy en la Argentina, contrastados con la comunidad europea y EE. UU, son los más bajos y no solo de los países de Europa sino del resto de las naciones del mundo.

Las limitaciones con Menem y de la Rúa

La puesta en duda por parte del gobierno nacional del usufructo de pensiones por invalidez, bajo el argumento de que existen en demasía y ocasionan gastos innecesarios, sin mediar un estudio previo de cada caso que determine fehacientemente el grado de discapacidad que impida o no la inserción laboral, se vino acompañando de una fuerte campaña de la corporación mediática apuntando todo su esfuerzo en “demostrar la corrupción” del gobierno anterior en su otorgamiento.

La puesta en duda por parte del gobierno nacional del usufructo de pensiones por invalidez, bajo el argumento de que existen en demasía y ocasionan gastos innecesarios, sin mediar un estudio previo de cada caso que determine fehacientemente el grado de discapacidad que impida o no la inserción laboral, se vino acompañando de una fuerte campaña de la corporación mediática apuntando todo su esfuerzo en “demostrar la corrupción” del gobierno anterior en su otorgamiento.

Sin exigir la obligación de imponer distancias mínimas de protección, pasa por alto investigaciones científicas que constataron el peligro al que se ven expuestos millones de habitantes, mientras la corporación mediática le niega espacio de difusión a poblaciones fumigadas y organizaciones que las defienden.

La fumigación con agrotóxicos persiste y se acrecienta, tras propiciar su uso masivo en julio de este año los titulares de los entonces ministerios, actuales secretarias, Sergio Bergman de Ambiente, Lino Barañao de Ciencia, Adolfo Rubinstein de Salud y Luis Miguel Etchevehere de Agroindustria, en respuesta al pedido expreso de las empresas. Más aún, estos funcionarios aceptaron que no existan delimitaciones mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos.

De inmediato, el gobierno fue cuestionado por organizaciones sociales, académicas y pueblos fumigados. “Ecos de Saladillo” -que aglutina en el marco de la “Campaña Paren de Fumigar” a decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos- denunció que “continúan multiplicándose los casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos”.

Las áreas gubernamentales se abstuvieron siempre de aceptar múltiples investigaciones científicas que han comprobado los daños descriptos y, por ende, en línea con la insensibilidad social que caracteriza al macrismo, y administrando el país en beneficio de poderosos lobbies, negaron su apoyo a familias organizadas para defender la salud de sus hijos.

Condena judicial, fallos y ordenanzas municipales

No obstante, y pese a la obstinación macrista de favorecer al campo a costa de la salud poblacional, oportunamente una condena judicial recayó sobre un productor y aplicador, luego de la presentación de estudios que destacan los perjuicios de los agrotóxicos por parte de “Las Madres del Barrio Ituzaingó” de la provincia de Córdoba.

También la “Campaña Paren de Fumigar” logró fallos judiciales para alejar fumigaciones en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco y Formosa, que establecieron límites de pulverizaciones aéreas de hasta 2000 metros.  Se sumaron decenas de ordenanzas municipales guiadas por igual criterio en localidades urbanas, centros de salud y escuelas rurales de Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.

El macrismo insiste en destruir la salud de la gente

El 11 de julio de 2018 Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevere dieron a conocer en conferencia de prensa al “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”, creado para fijar lineamientos que legitiman la no determinación de distancias mínimas de protección de la gente y sin observar los efectos crónicos de los agroquímicos a mediano y largo plazo.

“No abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos”, según el informe de Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo de “Campaña Paren de Fumigar”. La prensa hegemónica calló esta denuncia.

En paralelo, los funcionarios mencionados aceptaron el documento ““Buenas prácticas agrícolas (BPA)”, propuesto por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), un grupo empresarial “con gran poder de lobby”, que sostiene descaradamente que contemplando “ciertas condiciones climáticas” se compromete a rociar con agroquímicos “hasta a diez metros de las viviendas y escuelas”.

El agronegocio tiene muchas aristas

Pueblos, organizaciones, agrónomos e investigadores criticaron a las BPA.  “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas no existen” y son imposibles de realizarse sin soslayar los problemas a los que están sometidos la población de las zonas fumigadas. “Los ensayos de deriva, hasta dónde llega el agroquímico, se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, argumentó Arisnabarreta en un escrito colectivo.

Los cuatro ministros emitieron 12 principios y 23 recomendaciones, que en resumen han dado plena libertad -sin inspección estatal- para que los productores y empresas sean las únicas que controlen las pulverizaciones, a la vez que han tenido el cinismo de pedirles a estos privados que se ocupen de enseñarles en las escuelas “las ventajas” de sus fumigaciones.

Barañao en la conferencia de prensa defendió la aplicación de agroquímicos y tuvo la desfachatez de compararlos con la utilización de antibióticos que “si se usan mal dañan por igual porque uno se puede también morir por tomar mucha agua”. Lo cierto es que, sin fundamentos científicos, publicitó con el resto de los ministros un trabajo multidisciplinario que no fue tal y solo suscribió a favor de una “ciencia hegemónica y corporativa”.

Para los despreocupados ministros es justificable fumigar sin distancias mínimas, pero no expusieron ningún estudio que avale este concepto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos...es una decisión política”, dijo en su momento Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.

Las áreas más afectadas son la de prevención y control de enfermedades tropicales con el riesgo de exponer a la población a epidemias, la detección del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual, los tratamientos de hepatitis y tuberculosis, los trasplantes, la provisión gratuita de medicamentos y la capacitación de profesionales.

Primero los negocios. El presupuesto para el 2019 con media sanción de Diputados, que contempla una reducción real del 8,1% para la ex cartera de Salud, disminuye la compra de vacunas y medicación para el VIH, aunque Macri pagará más de lo que corresponde para no afectar los intereses de los grandes laboratorios transnacionales.

Por lo tanto, el dinero para esta partida se resta a otras áreas de atención sanitaria, mientras el anterior gobierno se proveía de este tipo de medicamentos en la cantidad suficiente y a mucho menor costo a través del Mercosur.

En la lucha contra el SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, se observa "una disminución absoluta en la mayoría de las metas propuestas, sobre todo en aquellas vinculadas a la prevención, detección y diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, así como tratamientos para hepatitis virales y tuberculosis", según un informe de la Fundación Soberanía Argentina.

Durante el periodo 2016-2019 la retracción presupuestaria para el organismo responsable de la salud a nivel nacional experimenta una retracción total del 21%. Es muy clara al respecto la citada Fundación, que detalla ítem por ítem la totalidad de las bajas en “inversión”, que Macri prefiere llamar “gastos”, yendo en detrimento de amplios sectores poblacionales de la Argentina, e impactando principalmente sobre los más pobres y la clase media.

Los datos aportados responden a la reducción real, que surge de comparar la diferencia nominal entre los presupuestos de 2019 y 2018 más la inflación proyectada del 34,8% y la cotización de dólar a $40,10 de acuerdo con el tipo de cambio promedio, cuando la mayoría de los economistas y aun los neoliberales vaticinan que la inflación llegaría al 50% este año y con un dólar imparable en su ascenso.

Con relación al Programa de Atención de la Madre y el Niño la deflación del presupuesto es del 76,4%. Este programa incluye Salud en la Adolescencia con una disminución de 45,2%, complementándose con el ajuste de Salud Escolar (el dinero se transfiere a las provinciales para que ellas controlen la salud en las escuelas, pero con una sustracción del 97,6%).

La compra de leche en polvo fortificada para asistencia nutricional de niños y niñas menores de 6 años, desnutridos y embarazadas, será de 1.130.200 kilos menos que en 2018.  El Ministerio de Desarrollo Social para todo el país adquirirá 12 millones de kilos, es decir, que, si trazamos un paralelo con este año, eliminó 5 millones. La mengua es del 33,8% entre 2017 y 2019.

En consecuencia, más de 6 millones de kilos de leche deberán procurarse las provincias para la población vulnerable; el hecho de que individualmente deban ocuparse de brindar una solución lleva a que “se dejen librados a su suerte los que más necesitan del aporte del Estado”, acrecentándose las diferencias entre provincias ricas y pobres”, indica el informe de la Fundación, a cargo del ex viceministro de Salud Nicolás Kreplak.

El presupuesto “impide que el Estado cumpla su rol de equiparar a la Nación, no solo deprecia el apoyo alimentario a los menores de 6 años, sino que cierra y achica programas de control de la salud de los escolares y después nos dicen que se ponen a la cabeza de la lucha contra la obesidad infantil, tal como lo impulsan los organismos internacionales”, declaró Kreplak a Chaco Día por Día.

Añadió el ex funcionario que el Poder Ejecutivo Nacional se contradice a sí mismo al escribir en el encabezamiento del proyecto presupuestario: “… entre las prioridades del Ministerio de Salud y Desarrollo Social se encuentra el combate de la obesidad y malnutrición infantil, una epidemia que ha crecido durante los últimos años y afecta principalmente a los niños de menores recursos”.

Otras cancelaciones de servicios indispensables

Área de Detección Temprana y Atención de Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas: se ocupa de la formación de profesionales, de la asistencia técnica a las provincias y de la compra de hormona del crecimiento para niños de todo el país, la rebaja real es del 41,1 por ciento.

Programa de Promoción de Salud y Reducción de los Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles: el achique de 34,27% atenta contra la baja de la mortalidad y la morbilidad causadas por esas enfermedades. Los recursos de este programa son los que se dirigen al control de obesidad, sobrepeso, tabaquismo, concientización sobre la alimentación saludable y la actividad física.

Área de Salud Sexual y Reproductiva: experimenta una merma del 14,7%. Dentro de ésta, se encuentra el apoyo a la fertilización asistida con un decrecimiento del 60,7%, lo cual obstaculizará la aplicación de la Ley Nacional 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida sancionada en 2013.

Unidades Sanitarias Móviles: abarca camiones sanitarios para atención y estrategias de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados. Se mitiga en un 31,3% el crédito asignado. Cabe señalar que en 2018 ya sufrió un descenso presupuestario del 14,2%.

Provisión gratuita de medicamentos en el primer nivel de atención a través de la denominada Cobertura Universal de Salud (CUS) – Medicamentos (ex Programa Remediar): la quita es de un 36,6%. Se distribuirán 32.842 botiquines menos que en 2018 con medicamentos esenciales para los Centros de Atención Primaria.

Medicamentos y procedimientos terapéuticos necesarios luego de un trasplante: este programa tiene una exclusión real del 41% y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) otro 33%.

Además, se anulan prácticamente las metas de capacitación de personal y procuración y trasplante de órganos y tejidos, “desfinanciándose las áreas comprometidas con la implementación de los objetivos de la Ley Justina recientemente aprobada, que transforma a las personas mayores de 18 años en donantes potenciales salvo expresa manifestación en contrario”.

Programa de Equipos Comunitarios – Cobertura Universal de Salud (ex Programa Médicos Comunitarios): la financiación de becas de formación y capacitación en servicios para trabajadores y trabajadoras de salud que se desempeñan en el primer nivel de atención presenta una baja del 66,4%.

El informe denuncia: “La pérdida del rol de rectoría de la cartera sanitaria, que se hizo evidente con la conversión del Ministerio en Secretaría y que se profundiza con el ajuste presupuestario, aumenta las desigualdades entre jurisdicciones”.

Concluye: “Estamos ante un ajuste que nuevamente vulnera el derecho a la salud de la población en su conjunto...una retirada del Estado nacional para descentralizar en las provincias la compra y distribución de insumos, sin el adecuado funcionamiento”.

Luego de que el Ministerio de Salud en agosto de este año eliminó la vacunación para los adolescentes de todo el país, argumentando falsos problemas de provisión, debe restablecerse por fallo judicial solo en la provincia de Buenos Aires. En todo el territorio nacional correspondería aplicar la vacuna en 2018 a 750.000 menores a partir de los 11 años. Sin criterio, el gobierno nacional obvió la obligatoriedad violando derechos constitucionales.

A los adolescentes de todo el país, a partir de los 11 años, que suman 750 mil, el entonces Ministerio de Salud, ahora Secretaría, informó a la prensa en agosto próximo pasado sin emitir resolución ninguna que suspendía las vacunas contra el meningococo Ahora el juzgado federal N°2 de La Plata ordenó al ex ministerio que restituya la dosis en la provincia de Buenos Aires, al igual que a una niña de esa edad, cuya madre presentó un amparo.

• Mentiras del gobierno

La cartera sanitaria había interrumpido las dosis necesarias para dicho sector poblacional con el argumento de que el laboratorio proveedor no disponía de los lotes suficientes por problemas en la aduana, al tiempo que consideró que “no era imprescindible” esta vacunación porque la enfermedad no era sustancialmente invasiva en adolescentes.

Cuando se divulgó la decisión, fue inmediata la reacción del laboratorio responsable, GSK, en un comunicado en el que afirmó enfáticamente que “el abastecimiento para el mercado público es normal y no hay demoras en la entrega[mt1] ”.

En tanto, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología expuso su “preocupación”; en un informe donde sostuvo que la prevención a través de las vacunas “es una política de estado ya consolidada y con resultados indiscutibles para evitar enfermedades.”

• Las provincias sin vacunas para ningún grupo etario en todo 2017

Por otra parte, si bien el gobierno nacional quiso restringir la aplicación de las dosis únicamente para los 3, 5 y 15 meses de vida, sin respetar la Resolución 10/2015 -que extendía la cobertura a los adolescentes a partir de 2017- tampoco efectivizó en todo ese año la vacunación de los bebés ni de los chicos desde los 11 años.

Alarmante fue la carta de los Jefes Provinciales de Inmunizaciones de todos los distritos del país que pretendieron difundir -sin eco en la corporación mediática- cuando anunciaron: “…durante todo el 2017 no contamos con las dosis planificadas para cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente (Menveo®) de los niños de 3 y 5 meses y de los adolescentes”.

Más aún, la misiva destacó que “en muchas provincias la vacunación de este grupo etario no se realizó… y se agregan para vacunar niños de 15 meses”. Pero el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, se limitó a falsear la realidad indicando que el abastecimiento era normal.

• La medida cautelar de la Justicia

El juez Adolfo Gabino Ziulu dio respuesta con una medida cautelar al amparo colectivo que presentó la Asociación Civil AJUS La Plata-Ensenada- y la madre de una nena J.B. de 11 años, indicando al Estado que esta última deberá ser vacunada “en un plazo no mayor de 10 días” y, por otro lado, extender la vacunación “a los niños de 11 años de la Provincia de Buenos Aires”.

El texto de la medida señala que “la vacunación en el sistema sanitario argentino ha sido pensada “como una herramienta importante de prevención, donde la obligatoriedad se erige como un pilar indispensable en miras de la salud pública.”

En base a la Resolución 10/2015 de la cartera sanitaria, el magistrado infirió “que puede leerse la enfermedad invasiva por meningococo representa un importante problema de salud pública por la alta morbimortalidad que presentan las personas la sufren y por las secuelas permanentes que puede acarrear.”

Subraya que la incorporación de los adolescentes de 11 años al esquema fue producto del consenso entre sociedades y especialistas en el tema “en aras de disminuir la portación orofaríngea de la bacteria en la población vacunada, para así favorecer la disminución de la incidencia en el grupo más vulnerable”.

• Cuestionamiento al gobierno nacional

Además, el juez Ziulu cuestionó el comportamiento de los agentes del Ministerio de Salud de la Nación por haber suspendido por tiempo indeterminado la vacunación de los adolescentes ante los medios de comunicación, sin resolución ni acto alguno.

Remarcó que el plan de vacunación debería haberse plasmado “en un correspondiente acto administrativo, con todos los elementos que le son propios” y “…deberían haber publicado la correspondiente resolución en el Boletín Oficial”.

 Formula el fallo que “el derecho a la salud presenta una connotación social, más acentuada que los otros derechos de los cuales deriva. Su génesis…está vinculada con el constitucionalismo social y, por ende, con la obligación del Estado de contribuir activamente al resguardo de la salud pública”.

• Causa de la enfermedad y por qué hay que vacunar en la adolescencia

La meningitis proviene de un grupo de microorganismos, diversos virus y bacterias como el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae (neumococo) y Neisseria meningitis (meningococo). La enfermedad muestra incidencia en menores de dos años y se replica con picos en la adolescencia.

La vacunación de adolescentes brinda la capacidad de erradicar la portación, es decir, que ellos no sean portadores y terminen afectando a los más chicos.

La situación en la Argentina se torna grave, la Organización Mundial de la Salud alerta que es la primera causa de muerte por tumores en el país y recomienda controles y atención inmediata, mientras el gobierno nacional pone impedimentos al desmantelar hospitales públicos, no renovar tecnología y despidiendo profesionales y personal auxiliar

A raíz de que el 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Mama la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un recordatorio que advierte que la enfermedad se ha incrementado en los últimos años en todo el mundo. Añade que es preciso que la sociedad en su conjunto asuma el compromiso de luchar contra este padecimiento que ataca especialmente a las mujeres.

La OMS alertó sobre la situación en la Argentina donde es la primera causa de muerte por tumores en el sexo femenino, registrándose 5600 fallecimientos anuales. Se calcula que cada año surgirán 19 mil nuevos casos, que significan el 16,8% del total de incidencia de cáncer en el país.

Detrás de Uruguay se ubica la Argentina en Latinoamérica con la mayor tasa de mortalidad (19,9 y 22,7 decesos cada 100 mil mujeres respectivamente).

Las provincias argentinas con el quintil más alto de mortandad son San Luis, Mendoza, Misiones y la Ciudad de Buenos Aires. Según estadísticas de 2016: TAE x 100 mil mujeres, 10,79-14,42).

 En el quintil más bajo se encuentran Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri no se actualizaron cifras oficiales.

Es el cáncer de más incidencia en mujeres con una tasa de 71 casos por cada 100 mil. Las tasas de mortalidad más elevadas aparecen entre los 50 años (41,6 cada 100.000 mujeres) y los 80 o más (215,8 cada 100.000 mujeres).

Los tumores de menos de 1 centímetro reúnen hasta el 90% de curación, por lo que la detección temprana es fundamental. En la Argentina, con hospitales cada vez más desmantelados de tecnología, profesionales y personal auxiliar, y con la concurrencia masiva de gente que ya no puede pagar prepagas, lo que en consecuencia origina grandes demoras en la concesión de turnos, ya es una utopía cumplir con esta recomendación.

Causas

Se ven afectadas sobre todo mujeres entre 45 y 70 años. Los factores desencadenantes suelen ser: contar con más de 50 años, antecedentes personales de lesión no cancerosa de mama, radioterapia aplicada a la mama o el pecho, uso indiscriminado de hormonas, como estrógeno y progesterona, y nunca haber tenido hijos.

Otros factores que aumentan las posibilidades y sobre los cuales se puede intervenir son: el sobrepeso, la obesidad. el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol en proporciones mayores a las recomendadas.

Se agregan como motivos en el sexo femenino: consumo de pastillas anticonceptivas, píldoras del día siguiente y hormonas de reemplazo para no envejecer, inicio de la menstruación a temprana edad (antes de los 12 años), primer embarazo después de los 30 años, menopausia después de los 55 años y alimentación en base a grasas saturadas.

Hereditario

Los antecedentes familiares representan entre 5/10 de todos los casos. Es imprescindible en las consultas con el especialista informarle si hay o hubo parientes consanguíneos (abuelas, madre, hermanas, tías), principalmente por la línea materna con cáncer de mama u/o de ovario o matriz, e incluso si un pariente hombre padeció cáncer de mama. Algunos genes mutados relacionados con este tipo de cáncer son más comunes en ciertos grupos étnicos.

Los dos genes hereditarios mejor caracterizados son los llamados BRCA1 y BRCA2, cuyas mutaciones dispensan un riesgo aumentado de tener cáncer de mama y otros tumores en edades especialmente jóvenes.

Sin síntomas

En el comienzo de la enfermedad no se experimentan síntomas, por lo que en muchas mujeres se termina detectando en estadio ya avanzado. Cuanto más pronto se descubra hay un 95 % de posibilidades de cura, por lo que es de suma importancia el autoexamen mensual y el chequeo preventivo, por lo menos una vez al año.

A partir de los 40 años se recomienda la realización de una mamografía y si existen antecedentes familiares desde los 35 años. Todas las mujeres a partir de los 20 años deben realizarse mensualmente un autoexamen de mama una semana después de su menstruación, además de visitar una vez al año a un especialista para que pueda realizarse un despistaje clínico.

El cambio hormonal en el organismo también puede causar dolor o punzadas en los senos y no siempre significa que ocasione un cáncer de mama. Sin embargo, se debe visitar al médico, si el dolor persiste, y se observa un bulto, pezón retraído o cambios en la piel.

Hombres

Solo el 1% de los cánceres de mama se presenta en hombres.

Puede surgir a cualquier edad, aunque en general aparece entre los 60 a 70 años.  A diferencia de las mujeres, ellos pueden palpar con facilidad bultos u anormalidades en los tejidos mamarios y los factores y causas son normalmente por genes y alto nivel de estrógenos.

Consumo de alcohol

La revista Natura publicó que el alcohol es carcinógeno y la ingesta en demasía de este químico crea un daño en el ADN de las células madres. En el Reino Unido hay más de 12 mil casos de cáncer debido al alcoholismo que predispone a desarrollar siete tipos de cáncer en los que se destacan el de pecho y el de colon, manifestó Ketan Patel, profesor del Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, que llevó a cabo una investigación al respecto.