Ya desde 2016 comenzaron en la Argentina las bajas de pensiones no contributivas por discapacidad aun las que estaban en trámite en 2015.Se soslayan los pasos administrativos que permitan a las personas damnificadas presentar su defensa, mientras que Macri afirmaba al inicio de su mandato y ahora reafirma que “se entregaron a cualquiera” en el marco de una supuesta “corrupción”, cuando hasta el día de hoy no pudo comprobarse ningún ilícito.
La puesta en duda del gobierno nacional del usufructo de pensiones por invalidez, bajo el argumento de que existen en demasía y ocasionan gastos innecesarios, sin mediar un estudio previo de cada caso que determine fehacientemente el grado de discapacidad que impida o no la inserción laboral, se vino acompañando de una fuerte campaña de la corporación mediática apuntando todo su esfuerzo en demostrar "la corrupción" del gobierno anterior en su otorgamiento.
Sin hallar ni buscar pruebas de supuestos ilícitos, ni permitir a los damnificados que defiendan el derecho adquirido, se consolida el objetivo -en cumplimiento con las exigencias del FMI- de reducir la cantidad de pensiones, habiéndoles ya eliminado el acceso a la atención médica, mientras salta a la luz que lo que menos importa es la gente que sufre problemas de salud irremediables.
El "gasto" ratificado por el Poder Legislativo
El diputado nacional Martín Losteau,en el tratamiento del presupuesto de 2019, dijo ante sus pares que la Argentina es el país que más gasta en la adjudicación de este beneficio, efectuando comparaciones mentirosas con Uruguay y la comunidad europea. Para este señor es mucho 1.150.000 pensiones por invalidez y "sobran 800 mil", todo muy relativo si hablamos de más de 40 millones de habitantes que residen en suelo argentino.
Pero ¿acaso recortando estos beneficios sería la panacea para ampliar la recaudación del Estado, administrado además por manos inescrupulosas? Es demasiado para cualquier oído sensible que las personas vulnerables por su enfermedad son "un gasto", de acuerdo con las palabras del diputado que sintoniza con un neoliberalismo siempre "salvaje".
Las crueles mentiras de Losteau
Uruguay, con un total de 3.386.000 habitantes, no tiene -como mintió Losteau- 20 mil pensiones por invalidez. Este país dispone de un informe actualizado del ámbito de la Seguridad Social de donde surge que las pensiones llegan a 62.400, agregándose 63 mil jubilaciones, 4911 subsidios para inserción social, otros 26522 para rehabilitación y apoyo económico a 150 instituciones abocadas a la atención de la discapacidad.
Estos datos documentados, cotejados con la Argentina, sirven para probar la escasa cobertura que el macrismo impuso a los discapacitados, limitada a las pensiones recortadas, y sin los diversos subsidios que está recibiendo la población uruguaya con invalidez y las entidades que se ocupan del tratamiento correspondiente.
Asimismo, si nos referimos a los montos de los beneficios de hoy en la Argentina, contrastados con la comunidad europea y Estados Unidos, son los más bajos y no solo de Europa sino del resto de las naciones del mundo.
Las limitaciones con Menem y de la Rúa
La pensión por invalidez, durante el gobierno de ambos mandatarios, se otorgaba a quienes reunían una incapacidad laboral del 76%, y dejaba afuera a la gente con un porcentaje menor y en situación de pobreza, aunque no fuesen recibidos por el mercado laboral.
Por otra parte, toda persona con el 76% de discapacidad, accedía al beneficio si se producía una baja previa, habiendo un cupo fijado por el Decreto 432/97. Es decir, se deba un alta siempre que hubiese una baja previa. En crudo, la muerte de una persona beneficiaba a otra.
Mejoras con los gobiernos Kirchner-Fernández
Ambos gobiernos sacaron el cupo y tomaron la decisión política -a través del Programa Incluir Salud- de proporcionar junto con la pensión no contributiva por invalidez laboral la asistencia médica de la que siempre carecieron. Fueron los primeros Jefes de Estado que cumplieron con la Ley 2901, al brindar un ingreso económico más cobertura integral en salud, medicación y educación, entre otras.
Fue así como de 78.977 pensiones que había en diciembre de 2002, se llegó a fines de 2015 a 1.065.241. Pero, lamentablemente, esta inclusión no fue transformada en norma escrita. Y de esto se agarra el macrismo para destruir todo el andamiaje a favor de los discapacitados, tomando solo en cuenta el Decreto 432/97.
Macri se niega a cumplir con las normativas internacionales y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, luego de haber asumido el compromiso de respetarlas. Aunque, por supuesto el engaño y la traición a los principios -que no sean los impuestos por el FMI- ya son una costumbre cotidiana de los funcionarios actuales.
La realidad que Macri invisibiliza
Según el censo 2010 las personas con discapacidad eran 5.114.190 (12,9% de la población total). La encuesta del INDEC de 2018 señala que los discapacitados son 3.571.983, de los cuales solo reciben pensión 1.150.000, y a estas cifras habría que añadir a los niños de 0 a 5 años y de 6 en adelante con enfermedades invalidantes, más el índice de pobreza del 30%, lo que sumaría más de otro millón de personas con discapacidad en situación de pobreza.
El gobierno de CFK supo responder con criterio a las necesidades de los discapacitados, ya que salta a la vista -según las cifras de 2010- que entregó pensiones con contributivas en justa relación con la gente que las requería y que conformaba el núcleo que no contaba con jubilación por invalidez con aportes previsionales. Fue una medida inclusiva, justificada, no fue ningún privilegio sino una actitud de respeto a la dignidad humana.
En tanto, el FORO PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, integrado por ASAC – AIEPEsA – Comisión de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires – ATAECADIS – CAIDIS – CEMARID – Federación Converger – FENDIM – HODIF – Obra Don Orione – CASAIE- pese a su presentación ante el Ejecutivo y reiteradas movilizaciones frente al Ministerio de Desarrollo Social y en la Plaza de Mayo, es ignorado por el macrismo.
Es estigmatizado, como si sus integrantes fuesen perturbadores para la sociedad en su conjunto, y únicamente por reclamar que los organismos responsables no eliminen las pensiones y devuelvan la asistencia médica a quienes, reuniendo el mayor grado de vulnerabilidad, están faltos de protección social, obligados a hundirse en la miseria.
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