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Duro señalamiento por la ausencia de programas de seguridad social como la quita de pensiones por discapacidad, el desempleo, la persecución a la actividad sindical, la represión de las protestas, los desalojos violentos, la degradación del Ministerio de Trabajo y la crítica situación de la salud pública

La ONU remarcó que el gobierno de Macri debe tener en cuenta sus deberes en materia de derechos humanos y no únicamente sus acuerdos financieros, manifestando su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad, el desempleo, la persecución a la actividad sindical, la represión de las protestas, los desalojos violentos y la degradación del Ministerio de Trabajo.

La salud en crisis

Muy dura fue la posición del DESC respecto a la salud. Objetó la “falta de conciencia” del Estado argentino al negar medicinas esenciales a los pobres y a la población sin cobertura de prepagas que concurren a los hospitales públicos. Según palabras de representantes de la ONU, se halla en estado muy crítico, sin tecnología adecuada, sin medicación, elementos esenciales ni personal especializado y auxiliar por causa de despidos injustificados.

También cuestionó que no se aplique la Ley de Salud Mental y no se consideren alternativas válidas para los neuropsiquiátricos. Planteó que el sistema de salud entró en problemas estructurales mientras el gobierno nacional “toma decisiones preocupantes”. Se alarmó de que algunas provincias -carentes del presupuesto que les corresponde- hayan decretado el estado de emergencia ante sus dificultades para responder a las demandas de asistencia por las pésimas condiciones hospitalarias.

La reprobación igualmente se dirigió al Poder Ejecutivo a raíz de que pretende “reorientar el sistema de salud hacia un modelo que limita el acceso a la atención a una “canasta de prestaciones básicas”. El plan macrista en este sentido es crear una agencia que dependa exclusivamente del PE para determinar las prestaciones “que serían obligatorias”, pero limitadas, para los proveedores de servicios.

Hizo hincapié en el retroceso en la aplicación de la Ley de Nacional de Salud Mental calificándolo como “inadmisible”, dado que la Argentina prevé para el 2020 el cierre de los manicomios y “sin un plan generalizado de externaciòn sustentable de personas institucionalizadas que legitime derechos económicos y sociales, como fundamento para volver a vivir en libertad y en comunidad”. Subrayó, en tanto, que las actuales situaciones de vida de los neuropsiquiátricos son “indignas”.

Ausencia de derechos económicos, sociales y culturales

La ONU lanzó su investigación a partir de seis informes elaborados en conjunto por la CELS y 55 organizaciones sociales referidos al “deterioro de las condiciones sociales y laborales y su impacto en los derechos”. En resumen, han sido un aporte sustancial para su reacción, ya que de inmediato descalificó ante Avruj que el Estado nacional transfiera ingresos a sectores privilegiados “con un acelerado endeudamiento público”, mientras confisca los derechos al trabajo, a la salud, la seguridad social, la tierra y la vivienda.

El DESC, que había analizado el problema habitacional citado en el documento de las organizaciones argentinas, declaró al secretario de Derechos Humanos su convencimiento de que con un presupuesto para 2019 menor al de 2018, y aun inferior al de 2015, es imposible que se logre ni una ínfima mejora.  “El gasto destinado a la construcción y el mejoramiento de viviendas fue recortado de manera muy significativa.”

En un panorama donde la desigualdad crece, la ONU exteriorizó que es inconveniente la medida “regresiva del sistema jubilatorio y de seguridad social”, debido a que Macri puso fin al plan para que quienes carecían de aportes contributivos suficientes pudieran jubilarse; además, afirmó su oposición al cruento cambio del cálculo para los aumentos previsionales, que ya le hicieron perder a los jubilados y pensionados un sueldo entero.

A esta regresión, sumó como degradante para la sociedad una inflación acelerada y el veloz deterioro del poder adquisitivo de los salarios e ingresos fijos. “Ya en el primer trimestre del año la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos se incrementó un 5,2% interanual.”, se lamentó.

Los peores indicadores laborales y sociales de las últimas décadas

El Comité llamó la atención sobre la reducción del cobro de retenciones a las exportaciones de productos primarios. Indicó en la entrevista con Avruj que el Estado debe garantizar los derechos de la población de ingresos medios y los programas de protección social a favor de la gente más vulnerable. Resaltó que la Argentina reúne los peores indicadores laborales y sociales de las últimas décadas con un “Estado nacional que abandona su rol rector en áreas que presentan desigualdades estructurales entre las distintas regiones del país.”

Desempleo

“La tasa de desocupación pasó de un 5,9% en el tercer trimestre de 2015 a un 9,6% en el segundo trimestre de 2018”. El Comité hizo saber que estos datos violan las condiciones de trabajo, sin equidad ni satisfacción, pauperizándolas y con contratos de muy baja calidad. Puso en la mira los indicadores que demuestran que las mujeres y los jóvenes son quienes padecen mayores dificultadas de empleo.

Medios de comunicación

En otro orden, el DESC mostró su desazón por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación audiovisuales, considerando preocupante que la sociedad no tenga acceso “a información diversa y plural”. Disintió con el decreto presidencial que propulsó “la mayor fusión empresarial en la historia argentina”.

Inflación, pobreza y violaciones a la libertad sindical

Para 2018 las estimaciones oficiales prevén una inflación de 42% y una contracción económica de 2,4%. Este escenario macroeconómico, junto con el impacto del ajuste, indefectiblemente generará mayores niveles de desigualdad, desempleo y pobreza, documentaron las organizaciones. Frente a ello, el DESC dijo que “tendrá un impacto directo en los derechos de los sectores medios y populares.”

En cuanto a los obstáculos y las violaciones al derecho a la libertad sindical, la ONU evalúa varios casos, como la persecución política y judicial a los trabajadores docentes de Tierra del Fuego, los azucareros de Salta y Jujuy, los estatales de Rio Negro y los trabajadores del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. Comunicó su desagrado por “la intervención indebida en la vida interna de los sindicatos, las dificultades para ejercer plenamente el derecho a la negociación colectiva y el uso arbitrario de la conciliación obligatoria.”

Explicitó su decepción por los migrantes que trabajan en la venta callejera y en los talleres textiles, quienes denunciaron la persecución policial y el desmantelamiento de sus lugares de trabajo, “con un impacto particularmente severo en la comunidad senegalesa.”

Comunidades indígenas y campesinas con derechos vulnerados

El Comité no dejó de obviar que las comunidades campesinas e indígenas sufren obstáculos estructurales “para el acceso seguro a la tierra para habitar y trabajar. El agronegocio se ha expandido hacia zonas tradicionalmente periféricas, generando mayor presión sobre las tierras de esas comunidades y una creciente conflictividad territorial.”

Discrepó “con la expansión alentada en los últimos años por una reducción de la presión impositiva sobre los productos primarios de exportación, la flexibilización de requisitos para adquirir tierras y la ampliación de la superficie que puede estar en manos de extranjeros.”

Desacreditó que algunas comunidades sean enfrentadas con violencia y hostigamiento de bandas armadas, contratadas por empresas para que abandonen sus territorios, agravada la problemática por la inobservancia de la de la Ley 26.160 y el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar.

El Estado justifica el ajuste

Por último, la ONU dijo que el Estado le respondió “sin precisiones”, que formuló “frases hechas”, tales como “en este gobierno pensamos en positivo”. El Poder Ejecutivo, según el Comité, insiste en justificar el ajuste y el acuerdo con el FMI con el argumento de que es “la manera más barata de corregir el déficit”.