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Duro señalamiento por la ausencia de programas de seguridad social como la quita de pensiones por discapacidad, el desempleo, la persecución a la actividad sindical, la represión de las protestas, los desalojos violentos, la degradación del Ministerio de Trabajo y la crítica situación de la salud pública

La ONU remarcó que el gobierno de Macri debe tener en cuenta sus deberes en materia de derechos humanos y no únicamente sus acuerdos financieros, manifestando su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad, el desempleo, la persecución a la actividad sindical, la represión de las protestas, los desalojos violentos y la degradación del Ministerio de Trabajo.

La salud en crisis

Muy dura fue la posición del DESC respecto a la salud. Objetó la “falta de conciencia” del Estado argentino al negar medicinas esenciales a los pobres y a la población sin cobertura de prepagas que concurren a los hospitales públicos. Según palabras de representantes de la ONU, se halla en estado muy crítico, sin tecnología adecuada, sin medicación, elementos esenciales ni personal especializado y auxiliar por causa de despidos injustificados.

También cuestionó que no se aplique la Ley de Salud Mental y no se consideren alternativas válidas para los neuropsiquiátricos. Planteó que el sistema de salud entró en problemas estructurales mientras el gobierno nacional “toma decisiones preocupantes”. Se alarmó de que algunas provincias -carentes del presupuesto que les corresponde- hayan decretado el estado de emergencia ante sus dificultades para responder a las demandas de asistencia por las pésimas condiciones hospitalarias.

La reprobación igualmente se dirigió al Poder Ejecutivo a raíz de que pretende “reorientar el sistema de salud hacia un modelo que limita el acceso a la atención a una “canasta de prestaciones básicas”. El plan macrista en este sentido es crear una agencia que dependa exclusivamente del PE para determinar las prestaciones “que serían obligatorias”, pero limitadas, para los proveedores de servicios.

Hizo hincapié en el retroceso en la aplicación de la Ley de Nacional de Salud Mental calificándolo como “inadmisible”, dado que la Argentina prevé para el 2020 el cierre de los manicomios y “sin un plan generalizado de externaciòn sustentable de personas institucionalizadas que legitime derechos económicos y sociales, como fundamento para volver a vivir en libertad y en comunidad”. Subrayó, en tanto, que las actuales situaciones de vida de los neuropsiquiátricos son “indignas”.

Ausencia de derechos económicos, sociales y culturales

La ONU lanzó su investigación a partir de seis informes elaborados en conjunto por la CELS y 55 organizaciones sociales referidos al “deterioro de las condiciones sociales y laborales y su impacto en los derechos”. En resumen, han sido un aporte sustancial para su reacción, ya que de inmediato descalificó ante Avruj que el Estado nacional transfiera ingresos a sectores privilegiados “con un acelerado endeudamiento público”, mientras confisca los derechos al trabajo, a la salud, la seguridad social, la tierra y la vivienda.

El DESC, que había analizado el problema habitacional citado en el documento de las organizaciones argentinas, declaró al secretario de Derechos Humanos su convencimiento de que con un presupuesto para 2019 menor al de 2018, y aun inferior al de 2015, es imposible que se logre ni una ínfima mejora.  “El gasto destinado a la construcción y el mejoramiento de viviendas fue recortado de manera muy significativa.”

En un panorama donde la desigualdad crece, la ONU exteriorizó que es inconveniente la medida “regresiva del sistema jubilatorio y de seguridad social”, debido a que Macri puso fin al plan para que quienes carecían de aportes contributivos suficientes pudieran jubilarse; además, afirmó su oposición al cruento cambio del cálculo para los aumentos previsionales, que ya le hicieron perder a los jubilados y pensionados un sueldo entero.

A esta regresión, sumó como degradante para la sociedad una inflación acelerada y el veloz deterioro del poder adquisitivo de los salarios e ingresos fijos. “Ya en el primer trimestre del año la brecha entre los sectores de mayores y menores ingresos se incrementó un 5,2% interanual.”, se lamentó.

Los peores indicadores laborales y sociales de las últimas décadas

El Comité llamó la atención sobre la reducción del cobro de retenciones a las exportaciones de productos primarios. Indicó en la entrevista con Avruj que el Estado debe garantizar los derechos de la población de ingresos medios y los programas de protección social a favor de la gente más vulnerable. Resaltó que la Argentina reúne los peores indicadores laborales y sociales de las últimas décadas con un “Estado nacional que abandona su rol rector en áreas que presentan desigualdades estructurales entre las distintas regiones del país.”

Desempleo

“La tasa de desocupación pasó de un 5,9% en el tercer trimestre de 2015 a un 9,6% en el segundo trimestre de 2018”. El Comité hizo saber que estos datos violan las condiciones de trabajo, sin equidad ni satisfacción, pauperizándolas y con contratos de muy baja calidad. Puso en la mira los indicadores que demuestran que las mujeres y los jóvenes son quienes padecen mayores dificultadas de empleo.

Medios de comunicación

En otro orden, el DESC mostró su desazón por la concentración de la propiedad de los medios de comunicación audiovisuales, considerando preocupante que la sociedad no tenga acceso “a información diversa y plural”. Disintió con el decreto presidencial que propulsó “la mayor fusión empresarial en la historia argentina”.

Inflación, pobreza y violaciones a la libertad sindical

Para 2018 las estimaciones oficiales prevén una inflación de 42% y una contracción económica de 2,4%. Este escenario macroeconómico, junto con el impacto del ajuste, indefectiblemente generará mayores niveles de desigualdad, desempleo y pobreza, documentaron las organizaciones. Frente a ello, el DESC dijo que “tendrá un impacto directo en los derechos de los sectores medios y populares.”

En cuanto a los obstáculos y las violaciones al derecho a la libertad sindical, la ONU evalúa varios casos, como la persecución política y judicial a los trabajadores docentes de Tierra del Fuego, los azucareros de Salta y Jujuy, los estatales de Rio Negro y los trabajadores del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. Comunicó su desagrado por “la intervención indebida en la vida interna de los sindicatos, las dificultades para ejercer plenamente el derecho a la negociación colectiva y el uso arbitrario de la conciliación obligatoria.”

Explicitó su decepción por los migrantes que trabajan en la venta callejera y en los talleres textiles, quienes denunciaron la persecución policial y el desmantelamiento de sus lugares de trabajo, “con un impacto particularmente severo en la comunidad senegalesa.”

Comunidades indígenas y campesinas con derechos vulnerados

El Comité no dejó de obviar que las comunidades campesinas e indígenas sufren obstáculos estructurales “para el acceso seguro a la tierra para habitar y trabajar. El agronegocio se ha expandido hacia zonas tradicionalmente periféricas, generando mayor presión sobre las tierras de esas comunidades y una creciente conflictividad territorial.”

Discrepó “con la expansión alentada en los últimos años por una reducción de la presión impositiva sobre los productos primarios de exportación, la flexibilización de requisitos para adquirir tierras y la ampliación de la superficie que puede estar en manos de extranjeros.”

Desacreditó que algunas comunidades sean enfrentadas con violencia y hostigamiento de bandas armadas, contratadas por empresas para que abandonen sus territorios, agravada la problemática por la inobservancia de la de la Ley 26.160 y el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar.

El Estado justifica el ajuste

Por último, la ONU dijo que el Estado le respondió “sin precisiones”, que formuló “frases hechas”, tales como “en este gobierno pensamos en positivo”. El Poder Ejecutivo, según el Comité, insiste en justificar el ajuste y el acuerdo con el FMI con el argumento de que es “la manera más barata de corregir el déficit”.

Alarmante conclusión si tenemos en cuenta que en la Argentina se registran 8 millones de niños hundidos en la pobreza y 11 millones entre adultos y menores

Según una reciente investigación el envejecimiento del cerebro -que ocurre habitualmente a lo largo de la vida- se profundiza en personas con carencias socioeconómicas cuando “tienen sus raíces en la niñez”, ocasionándoles una ostensible reducción de su capacidad de pensamiento, aprendizaje, razonamiento, memoria y añadiéndose mayores dificultades para resolver problemas en la ancianidad.

Por culpa de la pobreza, tanto el cuerpo como el cerebro envejecen más rápido, indica la investigación encarada por el Instituto Nacional Checo de Salud Mental de Klecany. El equipo conducido por la doctora Pavla Cermakova, evalúo a 20 mil personas de 16 países de Europa de una edad promedio de 71 años (retomando el examen cinco años después), en el marco de la Encuesta sobre la Salud, el envejecimiento y la Jubilación, de ese continente.

Los que vivieron en la pobreza desde sus primeros años de vida, que conformaron el 4 por ciento de los sometidos a observación, obtuvieron un exiguo puntaje en habilidades cognitivas, acompañada esta situación por un bajo nivel educativo que les creó problemas para tener un empleo. Además, demostraron ser menos propensos a conformar una pareja estable, junto con una remarcada tendencia a sufrir síntomas depresivos, disminución de su capacidad física activa y deterioro general en su salud.

Los investigadores hallaron que quienes sufrieron aprietos sociales y económicos en la niñez siguieron puntuando en promedio 0.15 puntos menos a medida que avanzaba su edad, tras aplicar en su estudio otros factores de medición como índice de masa corporal y enfermedad cardíaca.

“…el ambiente en que crecemos se refleja en el nivel de nuestras habilidades cognitivas en la vejez; y la educación, la depresión o los distintos factores del estilo de vida explican nuestras conclusiones”, sostuvo Cermakova en un comunicado de prensa de la Academia Americana de Neurología publicados en la revista Neurology y en el Health Day News.

Recalcó la investigadora la imperiosa necesidad de que “los gobiernos se enfoquen a instrumentar estrategias para proteger la salud mental desde la niñez”. Agregó: “se debe proveer a los niños que enfrentan dificultades sociales y económicas más recursos para contrarrestar las desventajas que enfrentan”

• En Argentina los niños pobres son abandonados por el gobierno de Cambiemos

La pobreza en la Argentina abarca al 48,1% de los niños, son ocho millones con carencias económicas y alimentarias, ya que en el caso de la alimentación el 17,6% experimenta déficit en sus comidas y el 8,5% pasa hambre.

Estos datos dados a conocer en junio próximo pasado por el Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica corresponden a los últimos meses del año 2017, reconociendo la UCA que va en aumento constante la asistencia de los menores a comedores infantiles en las escuelas, siendo las organizaciones no gubernamentales las que reúnen mejores condiciones -por contribuciones solidarias- a paliar este gravísimo escenario.

 Recordemos el esfuerzo voluntario de los maestros por acompañar a sus alumnos con ollas populares, ante la indiferencia del gobierno nacional y/o provincias gobernadas por Cambiemos que apenas entrega a las escuelas alimentos insuficientes y aun en mal estado.

Cabe señalar que existen 11 millones de argentinos pasando privaciones en un país que se caracteriza por sus tierras fértiles y abundante producción de alimentos. La suma total de pobres corresponde al segundo trimestre de 2018, relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Las cifras indudablemente se acrecentarán por la devaluación, inflación, fuerte shock de tarifas de servicios públicos dolarizadas y caída estrepitosa del salario real por el continuo proceso inflacionario. Para peor el presidente Macri se encarga de repetir que se avecinan más tormentas económicas y tiempos muy complejos.

El gasoil expedido por colectivos y vehículos afecta a todas las comunas y particularmente a siete barrios; según la Organización Mundial de la Salud este tóxico expone a la población a muerte prematura

Los niveles de contaminación en la ciudad de Buenos Aires con mediciones gubernamentales que dejan por fuera el control del dióxido de Nitrógeno (NO2) lesionan gravemente la composición del aire, en especial en los barrios de Caballito, Barracas, Recoleta, Balvanera, Parque Chacabuco, Villa Crespo, San Cristóbal, Belgrano, Villa Lugano, Flores, Villa Devoto y Retiro, con consecuencias que gravitan en la salud poblacional.

El promedio de NO2 de 87 muestras resultó ser un 41% superior a 21 ppb partes por billón fijados como límite tolerable por la OMS en un período de 25 días, según la investigación emprendida por Greenpeace junto con el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE) de la Universidad de Buenos Aires. En los barrios citados precedentemente se duplican los valores determinados por la Organización Mundial de la Salud como tolerables, “aunque en prácticamente todas las comunas existen puntos por encima de los 21 ppb”, indica el informe.

Los efectos insalubres por concentraciones de NO2

Diversos estudios de orden mundial señalan que el NO2 en concentraciones de corta duración es nocivo, inflama las vías respiratorias, provoca tos, sequedad en la conjuntiva, silbido al respirar, disminuye la inmunidad a las infecciones pulmonares y predispone a las personas a sufrir episodios de asma.

Se asocia a la mortalidad prematura de cuatro millones y medio de individuos por año en el mundo. También la inhalación de NO2 predispone a contraer enfermedades respiratorias como bronquitis, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares (ACV).

El gobierno de la ciudad deja afuera cálculos de contaminantes de alto riesgo

La ciudad de Buenos dispone de solo tres estaciones de monitoreo cuando otras ciudades tan grandes como ella en Latinoamérica tienen en funcionamiento más de 10. Además, el gobierno no efectúa mediciones de contaminantes de alto riesgo para la salud de la población; por lo tanto, son insuficientes los controles en la totalidad de la cuenca porteña, tal cual se desprende de la investigación de la organización ambientalista y de la UBA.

Larreta oculta la toxicidad ambiental

El informe critica la actividad de la Estación de Monitoreo de Calidad de Aire Gubernamental Parque Centenario, que oculta el real resultado de la toxicidad ambiental. Greenpeace le ha pedido al gobernador Horacio Larreta “que cuide todos los barrios y en conformidad con los parámetros de la OMS” y en su exhortación ha expresado que siendo el transporte público la principal fuente de contaminación “disponga una movilidad a base de energías renovables”.

Asimismo, le ha requerido que comience de una vez a realizar “campañas sucesivas de medición barrial que abarquen las estaciones de primavera, verano y otoño para confirmar los valores que perjudican el aire”, recordándole que no cumple con el compromiso de la plataforma de Ciudades que Combaten el Cambio Climático C40, consistente en exigir a la flota de colectivos la incorporación de energía eléctrica, que por lo menos para el 2020 debiera abarcar al 25% de dicho transporte.

El muestreo realizado por Greenpeace y la UBA es económico y simple

Con el uso de tubos de difusión pasiva “los resultados son tan válidos técnicamente y precisos como los que pueden efectuar las estaciones de monitoreo automáticas y electrónicas de la Ciudad, siendo económicos y simples”, advierte la investigación.

Ambas instituciones aplicaron tubos de ensayo con un reactivo para NO2 en el interior del frasco que los aisló del aire y la humedad. Los medidores fueron colgados en ventanas o balcones a la calle para asegurar el paso natural del aire. Transcurridos 22 días se taparon, precintaron y guardaron y el análisis estuvo a cargo del INQUIMAE en el laboratorio de la Ciudad Universitaria.

Las mediciones se hicieron durante la estación de invierno, periodo donde hay una mayor concentración en el aire de NO2. Cada kit se constituía en su mayoría de materiales reciclables, vidrio, cartón y metal y fueron distribuidos en hogares por voluntarios en bicicleta para disminuir la huella de carbono.

Para la ONU casi 4 millones de residentes en la Argentina se alimentan mal y van rumbo a la desnutrición y la Universidad Católica denunció que dos millones de niños sufren hambre, en tanto, el gobierno nacional importa alimentos en mal estado y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se desatiende del pedido de obispos para superar la precarización

Mientras este mes la Universidad Católica Argentina alertó que el país reúne dos millones de niños con hambre-cifra que irá en aumento por el acatamiento del gobierno nacional a los lineamientos de ajuste establecidos por el Fondo Monetario Internacional- la Organización Mundial de la Salud está elaborando un informe, que presentará a su Consejo de Derechos Humanos, en el que advierte sobre “una seria inseguridad alimentaria” que va en crescendo en la población.

Hila Elver relatora especial sobre el derechos de la alimentación de la ONU, tras su estadía de 10 días en Buenos Aires, resultó muy crítica con la decisión del gobierno de Macri “de aprovechar la crisis económica para promover aún más la agricultura industrial para favorecer el modelo exportador de los grandes productores concentradores de riqueza, sin alentar en forma simultánea políticas que no sigan disminuyendo la capacidad de compra de alimentos por parte de los pobres que ya aumentaron significativamente su número”.

Añadió que la Argentina con 44 millones de habitantes es capaz de producir alimentos para 450 millones de personas y, sin embargo, atenta contra el derecho de la alimentación de los argentinos, intensificando un impacto contrario: “4 millones de individuos enfrentan la imposibilidad de alimentarse conforme a derecho”.

Ante periodistas, Elver adoptó una posición en defensa de los pequeños agricultores que “casi representan el 80% de los productores de la mitad de fruta y verdura que consume el país”, dejando entrever que conforman otro sector poblacional notablemente afectado por la cruel cadena compuesta por los propietarios de grandes campos que terminan absorbiéndolos para su propio beneficio, más intermediarios y distribuidores que les pagan migajas.

Los vulnerables como “los campesinos que no poseen tierras, los trabajadores agrícolas, los migrantes y los pueblos originarios son los que más sufren”, remarcó al tiempo que se lamentó de observar “un ascenso en el número de personas que va a comedores o se salta una comida y que los niños se ven forzados a depender de los comedores escolares para su comida diaria”. Si bien su tema no es la educación, cabría señalar que es igualmente lamentable que las escuelas deban reducirse a un mero asistencialismo.

Por otra parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal se desatendió de un grupo de obispos católicos que en una reciente reunión le pidieron que procurara por todos los medios que no avance la precarización de la sociedad a su cargo, que ahora no solo afecta a familias, niños y jubilados, sino también a jóvenes que llegan a la secundaria desnutridos y, por ende, con manifiestas dificultades de aprendizaje.

Desforestación y uso de agroquímicos

La relatora de la ONU denunció que el gobierno argentino fomenta “tasas de deforestación peligrosamente altas” en alrededor de 27 millones de hectáreas por año y para peor tampoco hace nada para contrarrestar el “fuerte incremento en uso de agroquímicos”, entre ellos el glisofato que contamina el agua y el suelo.

Recordó que los productos químicos ejercen -comprobado científicamente- “un impacto serio, hasta letal, en la salud humana" y reprobó que no se reemplacen por elementos biológicos.

Asimismo, demostró su disgusto de que la Argentina es el país de la región que más alienta el ingreso del exterior de productos “ultra procesados”, causantes de sobrepeso en el 60% de la población, incluyendo el 40% de los niños, que a la vez propenden a provocar enfermedades como la diabetes.

Vegetales de Hungría que producen listeriosis en Europa

Productos vegetales húngaros “procesados” fueron importados en agosto por el gobierno de Macri y se vinculan con brotes de listeriosis, entre ellos choclos, ensaladas, maíz y arvejas. El Sistema Europeo de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff) avisó que parte de esa producción se exportó a Argentina.

A esta altura de los acontecimientos, cuando el macrismo miente en todos los aspectos, ya pocos podrían estar dispuestos a creer en un Boletín Oficial que dice haber prohibido su venta, cuando la importación está plenamente abierta para todo tipo de elementos manufacturados y no manufacturados, no solo alimentarios sino industriales y con escasos o nulos controles y en detrimento de la producción nacional en todas las áreas.

La listeria monocytogenes es un microorganismo que causa infecciones graves en niños de poca edad, embarazadas, personas mayores y gente con el sistema inmune deprimido.

Atención: cadenas importantes de supermercados abocados a la venta de alimentos en mal estado

Por otra parte, grandes cadenas de supermercados y marcas en la Argentina osaron comercializar en sus góndolas choclo, mix primavera, sopa, relleno para tartas y wok de pollo supercongelados en mal estado. Las empresas responsables son: Día, Jumbo, Molto, La Anónima de la familia del jefe de gabinete nacional Marcos Peña, Carrefour, Erin, Maglia, Great Value, Cifsa y la Compañía Industrial Frutihortícola SA.

En estos años de gobierno macrista hay que prestar suma atención en la compra de alimentos: en las góndolas aparecen productos vencidos y hasta con fechas de caducidad engañosas que borran su término de vida útil, datando incluso de 2017 adulteran los etiquetados para señalar su duración hasta 2019/20.

La OMS sujeta a intereses tecnológicos e industriales prefiere ignorar enfermedades específicas, englobándolas en un cúmulo de alergias para no cambiar la realidad

La industria y la tecnología han generado 80 mil sustancias químicas, entre las cuales entre 4 mil y 8 mil reunirían condiciones de toxicidad, hallándose el resto bajo análisis de expertos ambientales. Además, el 45% de los alimentos en góndolas poseen residuos venenosos, sobre todo pesticidas, y todavía ignoramos el “grado de toxicidad del 85% de los 3 mil productos químicos utilizados en mayor cantidad”. Estas afirmaciones se pueden encontrar en el libro Medio Ambiente y Salud Mujeres y Hombres en un Mundo de Nuevos Riesgos de la investigadora catalana y médica especializada en endocrinología Carmen Valls-Llobet.

El medio ambiente contamina con sustancias sintéticas, artificiales y minerales que “se introducen en el cuerpo a través de la piel, del agua y de los alimentos, o de partículas en suspensión en el aire que se introducen por la respiración.” Las radiaciones ionizantes (Rayos X, radioactividad), o no ionizantes como electromagnetismo, telefonía móvil y antenas afectan directamente a los tejidos. La autora especifica que la toxicidad en el medio ambiente puede transmitirse de generación en generación por modificación genética deliberada.

Accidentes laborales y la Sensibilidad Química Múltiple

Los accidentes laborales dieron a luz lo que se pretende negar: los insecticidas aplicados en áreas laborales cerradas, los llamados organofosforados, perturban la función endocrina ovárica hipotalámica y tiroidea de las mujeres expuestas, y surgen enfermedades emergentes como el síndrome de sensibilidad química múltiple, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.

La Sensibilidad Química Múltiple (SQM) desencadena una serie de síntomas frente a un grupo amplio de sustancias tóxicas, generalmente sintéticas, tales como hidrocarburos y múltiples compuestos hallados en cosméticos y limpiadores de uso cotidiano. También la electro sensibilidad (EHS) es una respuesta del cuerpo al superarse los biomarcadores y las dosis de los límites reglamentados mundialmente. Los principales causantes son: teléfonos móviles, antenas de telefonía, los Wifis y otros sistemas de transmisión por radiofrecuencia como vigila bebés o televisiones inteligentes, al igual que transformadores, líneas de alta tensión, y motores eléctricos.

La Organización Mundial de la Salud prefiere ignorar estas enfermedades

La SQM y la EHS son enfermedades negadas por la Organización Mundial de la Salud, obviamente no ajena a los intereses tecnológicos e industriales. Por eso solo afirma que se trata de alergias no específicas. España reconoció oficialmente la SQM hasta 2014 y el único país que admite la electro sensibilidad y sus consecuencias contraproducentes es Suecia, vinculándola con la discapacidad.

Lo cierto es que según la Asociación de Gran Canaria Afigranca, de denodada actuación contra la contaminación ambiental, reafirma que tras reiteradas investigaciones en diversos lugares del mundo la mayoría de los productos químicos tóxicos son disruptores endocrinos, rompen el equilibrio de las hormonas, especialmente las ováricas, testiculares y tiroideas y alteran la melatonina. “Son cancerígenos, acrecentando los riesgos de cáncer de mama, linfomas, cáncer de páncreas, y otros tipos de cáncer.

Por su parte, Valls Llobet concluye “…todo ser humano está ahora sujeto al contacto con peligrosos productos químicos desde su nacimiento hasta su muerte".