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Sin exigir la obligación de imponer distancias mínimas de protección, pasa por alto investigaciones científicas que constataron el peligro al que se ven expuestos millones de habitantes, mientras la corporación mediática le niega espacio de difusión a poblaciones fumigadas y organizaciones que las defienden.

La fumigación con agrotóxicos persiste y se acrecienta, tras propiciar su uso masivo en julio de este año los titulares de los entonces ministerios, actuales secretarias, Sergio Bergman de Ambiente, Lino Barañao de Ciencia, Adolfo Rubinstein de Salud y Luis Miguel Etchevehere de Agroindustria, en respuesta al pedido expreso de las empresas. Más aún, estos funcionarios aceptaron que no existan delimitaciones mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos.

De inmediato, el gobierno fue cuestionado por organizaciones sociales, académicas y pueblos fumigados. “Ecos de Saladillo” -que aglutina en el marco de la “Campaña Paren de Fumigar” a decenas de pueblos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos- denunció que “continúan multiplicándose los casos de escuelas fumigadas, niños enfermos, nacimientos con malformaciones, aumentos de casos de cáncer y abortos espontáneos”.

Las áreas gubernamentales se abstuvieron siempre de aceptar múltiples investigaciones científicas que han comprobado los daños descriptos y, por ende, en línea con la insensibilidad social que caracteriza al macrismo, y administrando el país en beneficio de poderosos lobbies, negaron su apoyo a familias organizadas para defender la salud de sus hijos.

Condena judicial, fallos y ordenanzas municipales

No obstante, y pese a la obstinación macrista de favorecer al campo a costa de la salud poblacional, oportunamente una condena judicial recayó sobre un productor y aplicador, luego de la presentación de estudios que destacan los perjuicios de los agrotóxicos por parte de “Las Madres del Barrio Ituzaingó” de la provincia de Córdoba.

También la “Campaña Paren de Fumigar” logró fallos judiciales para alejar fumigaciones en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco y Formosa, que establecieron límites de pulverizaciones aéreas de hasta 2000 metros.  Se sumaron decenas de ordenanzas municipales guiadas por igual criterio en localidades urbanas, centros de salud y escuelas rurales de Rosario, Gualeguaychú y San Antonio de Areco, entre otras.

El macrismo insiste en destruir la salud de la gente

El 11 de julio de 2018 Bergman, Barañao, Rubinstein y Etchevere dieron a conocer en conferencia de prensa al “Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”, creado para fijar lineamientos que legitiman la no determinación de distancias mínimas de protección de la gente y sin observar los efectos crónicos de los agroquímicos a mediano y largo plazo.

“No abordan el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos”, según el informe de Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo de “Campaña Paren de Fumigar”. La prensa hegemónica calló esta denuncia.

En paralelo, los funcionarios mencionados aceptaron el documento ““Buenas prácticas agrícolas (BPA)”, propuesto por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), un grupo empresarial “con gran poder de lobby”, que sostiene descaradamente que contemplando “ciertas condiciones climáticas” se compromete a rociar con agroquímicos “hasta a diez metros de las viviendas y escuelas”.

El agronegocio tiene muchas aristas

Pueblos, organizaciones, agrónomos e investigadores criticaron a las BPA.  “Es absolutamente claro que las ‘buenas prácticas no existen” y son imposibles de realizarse sin soslayar los problemas a los que están sometidos la población de las zonas fumigadas. “Los ensayos de deriva, hasta dónde llega el agroquímico, se hacen en días óptimos de viento y esos días ideales son poco frecuentes en el campo”, argumentó Arisnabarreta en un escrito colectivo.

Los cuatro ministros emitieron 12 principios y 23 recomendaciones, que en resumen han dado plena libertad -sin inspección estatal- para que los productores y empresas sean las únicas que controlen las pulverizaciones, a la vez que han tenido el cinismo de pedirles a estos privados que se ocupen de enseñarles en las escuelas “las ventajas” de sus fumigaciones.

Barañao en la conferencia de prensa defendió la aplicación de agroquímicos y tuvo la desfachatez de compararlos con la utilización de antibióticos que “si se usan mal dañan por igual porque uno se puede también morir por tomar mucha agua”. Lo cierto es que, sin fundamentos científicos, publicitó con el resto de los ministros un trabajo multidisciplinario que no fue tal y solo suscribió a favor de una “ciencia hegemónica y corporativa”.

Para los despreocupados ministros es justificable fumigar sin distancias mínimas, pero no expusieron ningún estudio que avale este concepto. “Es preocupante que el Ministro de Ciencia no reconozca las publicaciones científicas de Argentina, que son innumerables, sobre los impactos de los agroquímicos...es una decisión política”, dijo en su momento Damián Marino, del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata.