Objeta crecimiento de hambre en el país y que Vidal recortó 60% los bolsones con alimentos; normas de Seguridad crearían inseguridad social
Abundan en redes sociales críticas de macristas contra el Papa, a quien le preocupa el avance acelerado de la pobreza en nuestro país por los registros que recibe de Caritas Argentina, que indican un alza del 19,6 al 23,3% de pobres en 60 días, cifra que no desmiente una mayor suma de gente que acude a sus comedores.
Le molesta que Vidal no sea solidaria en distritos bonaerenses, ya que quitó el 60% de los bolsones estatales con comida para la contención de la indigencia, luego de reducir 20 alimentos habituales a ocho.
También está disconforme con que Macri no colabore en la detención de Stiuso y ampare ilícitos del presidente de Boca Daniel Angelici, conocido “binguero”.
Francisco teme un estallido social y que el Gobierno adopte duras medidas de represión mediante el Protocolo de Seguridad, un manual repudiado por organizaciones de derechos humanos, políticos en particular y todos los legisladores del FPV, a los se agregaron por unanimidad los partidos contrarios al neoliberalismo en rechazo a la represión y persecución.
Puntos sobresalientes de las medidas de la titular de Seguridad Patricia Bullrich y su segundo Antonio Burzaco que regirían a partir de la semana próxima.Oponiéndose a la Constitución que fija el derecho a la protesta, se desalojarán por la fuerza los cortes de calle, dando un plazo de cinco minutos para que los manifestantes se retiren, aún si avisaron con anterioridad fecha y lugar de protesta. Los que no cumplan con este requisito, serán dispersados de inmediato por las fuerzas sin prohibirles el uso de armas de fuego y de goma.
El Gobierno no admitirá piquetes, quemas de goma y pirotecnia. Al periodismo se lo ubicará lejos de operativos represivos, en un centro perimetral dispuesto por los uniformados, anulándoles la libertad de prensa que dicta la Ley 12.908.
Detenciones. Se amplía el poder de acción de las fuerzas de represión, criminalizando la protesta social, facultados policías y gendarmes a desenvolverse de incógnito, detener de inmediato (sin orden judicial) cada vez que se interrumpa el tránsito y aislar a las personas que considere violentas, aplicándoseles el artículo 194 del Código Penal que prevé de dos meses a tres años de prisión.
Ante cualquier manifestación, se abrirá una breve negociación con el ministerio o gobernante correspondiente y, si no cesa un corte de calles, intervendrán las fuerzas y la Justicia.
Se imposibilitarán todos los reclamos públicos por derechos laborales, alzas salariales, despidos, entre otros, “con el fin de disciplinar a la sociedad”, como dice el Manual. Equivale a un toque de queda.
Por orden de Macri deben liberarse las calles y sacar la política del espacio público, quien sostuvo que logró el consenso del 80% de las provincias.
Libre acción de los uniformados. El Protocolo les permite decidir la forma de desalojo, no descarta golpes, balas de goma, gas pimienta, gases lacrimógenos, camiones hidrantes, “eventualmente” balas de plomo y sustraer a su voluntad celulares de participantes o no de una marcha. Los que se resistan serán detenidos y puestos a disposición judicial.
Síntesis de diferencias con el gobierno de CFK. Los uniformados no podían decidir por sí un plan operativo, se limitaban a evitar disturbios en las calles, no disgregar protestas, no usar armas letales y respetar la labor periodística.
Las postas de goma se autorizaban solo en caso de peligro para su propia defensa física, de manifestantes o terceras personas.
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