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Brutal retroceso en materia de salud, tan solo el Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires, el más grande del país, ya se desprendió de 1000 trabajadores

La salud pública en la Argentina va en rápido y franco retroceso. Tras suspender el gobierno de Macri la vacuna obligatoria contra el meningococo para todos los niños del país y eliminar la cartera de Salud de la Nación, la población queda expuesta a una política regresiva con rumbo a la exclusión, la enfermedad y el aumento de la mortalidad que, sin duda, afectará a los sectores más vulnerables: pobres y clase media pauperizada.

La supresión de un ministerio que data de la década del 40` se trata de una medida sin precedentes. Se reducen ostensiblemente los recursos públicos en salud y los derechos inalienables de la sociedad.  Excelentes y esclarecedores son los conceptos vertidos al respecto por la psicóloga clínica argentina Vivian Palmbaum en el periódico Marcha, acompañando un reportaje que le efectuó a María Fernanda Boriotti, Secretaria General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FesProSa).

Los recortes presupuestarios no solo se ven en vacunación, que es “un tratamiento preventivo de enfermedades que son prevenibles”. El calendario oficial incluido por el gobierno de Cristina Kirchner incorporó 16 en total obligatorias y gratuitas y por sus costos hoy son inaccesibles para grandes mayorías de ciudadanos. Y lo triste es que mientras el gobierno nacional se desentiende de la responsabilidad de la falta de vacunas, los laboratorios aclararon que “hay disponibilidad en el mercado”.

Como bien se lamenta Boriotti, el gobierno actual también marca una violenta marcha atrás en la entrega de medicamentos oncológicos que deben ser gratuitos. Es medicación costosísima y el ex ministerio - ahora integrado a la cartera de Desarrollo Social nacional según el nuevo organigrama -los ha venido suministrando “con discontinuidad y atraso”, una medida mortal para los pacientes. Lo mismo sucede con la medicación para el VIH.

Pero se agrega más desamparo y desinterés brutal: el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, cercenó programas de tuberculosis y de salud sexual y reproductiva y “muchos otros servicios médicos” “que se deberían hacer en tiempo y forma y no los hace”. Lo único que cumple Macri son las órdenes del Banco Mundial: otorgar “un paquete mínimo de prestaciones” a través del Estado y el resto lo debe pagar la gente recurriendo -si puede- al sector privado (cuando cada vez son más las familias de clase media que dejaron a un lado las prepagas debido a una economía dolarizada que restringió sus bolsillos).

Muy lejos se ubica Macri de pensar “en una salud integral accesible y gratuita para toda la población”. De hecho, cabe traer a cuenta el cierre de muchos hospitales en todo el país, la falta de insumos elementales en las unidades hospitalarias que todavía funcionan y ahora con escaso personal por despidos masivos, sumándose la decisión de Cambiemos de haberse negado a inaugurar aquellos establecimientos públicos que dejó provistos para su lanzamiento Cristina Kirchner en diferentes localidades del país.

“Los recursos estatales hoy engrosan las arcas del sector privado que es lo que pretende el Banco Mundial”, dijo Boriotti, En consecuencia, cada provincia hace lo que está a su alcance o lo que quiere (si responde a Macri) conforme a la administración de sus recursos propios. La provincia de Buenos Aires, que lleva la delantera en concentración poblacional, es un ejemplo de debilitamiento total de la salud de su gente.

Pésimas perspectivas en el futuro inmediato

El gobierno nacional en las reuniones del Consejo Federal de Salud, COFESA, “atacó a las provincias, las amenazó, las chantajeó con negarles el fondo de fideicomiso que les corresponde y no cumplir con la obligación que tiene la ex cartera de Salud de enviarle insumos, vacunas, la medicación de alto costo y restarles apoyo a todos los programas, si no adhieren a un plan mínimo de prestaciones médicas. Eso implica mucho dinero, agregándose al recorte del Fondo Sojero que es un deterioro en las arcas destinadas a salud en todas las provincias”.

Al perder las prepagas por su encarecimiento, la generalidad de la sociedad pasó a incrementar la demanda en los hospitales públicos, hoy desprovistos de los elementos esenciales para brindarles atención, aunado a la ausencia de personal sometido a despidos injustificados. Los que aun atienden son mal remunerados como todos los trabajadores argentinos.

El Hospital Posadas de la provincia de Buenos Aires, el más grande del país, se desprendió de 1000 trabajadores. El empleo en los hospitales públicos está precarizado, las mejoras salariales con paritarias inconclusas van en torno al 15% abonado en cuotas, y mucho personal de la salud no es de planta permanente sino contratado y expuesto a ser echado en cualquier momento. Como otra muestra de precarización están la provincia de Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.

“Estamos con planes de lucha en distintas provincias, vamos a un paro nacional de salud en septiembre e intentaremos confluir con otros sectores que salgan a las calles: docentes, estatales, que nos plantemos para decirle al gobierno nacional que este no es el camino, que las y los trabajadores no estamos dispuestos a ver el colapso y la caída de sectores emblemáticos en Argentina como son salud y educación.”, concluyó Boriotti.

A esta altura de los acontecimientos, los argentinos, en el marco de una crisis colectiva, nos vemos esclavos de un gobierno que acata los lineamientos a rajatabla del FMI y el Banco Mundial conducentes al achique del Estado y al avance contra derechos elementales como la salud y la educación. Macri favorece exclusivamente al sector privado que hace negocios con la salud y la educación.

Como corolario, no olvidemos que los gobiernos provinciales y municipales dispondrían en 2019 con $171.520 millones menos para financiar erogaciones vitales como salud y educación. En simultáneo, a la eliminación del FFS se añade la poda de la obra pública nacional ($58.906 millones), ajustándose en $85.406 millones la asignación de recursos para viviendas, vialidad, agua y alcantarillado, infraestructura sanitaria y mantenimiento de establecimientos escolares, entre otras inversiones indispensables.